Solidaridad de la ROC con estudiantes y docentes de dos Universidades Públicas afectadas por la criminalización de la protesta.
Desde el mes de agosto más de 50 facultades de Universidades Nacionales de todo el país iniciaron medidas de protesta en defensa de la educación pública ante la paupérrima propuesta salarial del gobierno nacional hacia los docentes, en reclamo contra la reducción del presupuesto, sumado a las demoras en el envío de los fondos y los cambios que intentan implementar en el sistema de enseñanza, entre otras demandas. La lucha concluyó en la mayoría de los casos en tomas de facultades.
Hoy nos encontramos con que en dos de estas Universidades sus estudiantes y docentes son víctimas de la criminalización de la protesta.
Las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro denunciaron ante la justicia la toma del vicerrectorado por parte de una asamblea interclaustro en el marco de las protestas en contra del ajuste y la crisis que enfrentan las Universidades Nacionales. El Juez Federal de General Roca Hugo Greca hizo lugar a la denuncia imputando el día 5 de octubre a dos docentes por el delito de “usurpación por despojo (Art.181 inciso 1º del Código Penal) en concurso real con coacción agravada por el fin perseguido ante miembros de los poderes públicos en calidad de autoras”, a riesgo de sufrir una pena de hasta 10 años de cárcel. Estudiantes y docentes acompañaron a las imputadas en las instancias de declaración.
Previamente, los protagonistas de la toma habían presentado un habeas corpus, debido a que la Policía Federal estaba haciendo inteligencia en el predio de la UNRN. Los policías se paraban enfrente y tomaban fotos, ejerciendo un “constante hostigamiento”. Sin embargo, este recurso constitucional fue rechazado por la justicia federal en dos instancias.
En Córdoba, la toma de distintos espacios de la ciudad universitaria retomó tradiciones de lucha de larga data. La última toma, la del Pabellón Argentina, un edificio emblemático donde funcionan diversas oficias de la gestión central de la Universidad y el auditorio, fue llevado adelante a partir del 28 de agosto por la Asamblea Interfacultades, conformada por estudiantes autoconvocados y con un pliego de reivindicaciones propio.
El día 20 de septiembre estaba convocada una mesa de diálogo entre la Asamblea Interfacultades y una comisión de decanos y el vicerrector. Para ese mismo día, la agrupación estudiantil oficialista Franja Morada, llamó a una “sentada pacífica” frente al pabellón. Poco tuvo de pacífica porque acudió una patota de la Gremial San Martín, sindicato de los no docentes, que atacó a los estudiantes con piedras, gas pimienta y gritos de guerra, intentando obligar al levantamiento de la toma. La consecuencia fue la suspensión de la mesa de diálogo y la continuidad de la toma. El 27 de septiembre, una nueva convocatoria a la negociación habilitó el levantamiento de la toma después de transcurridos 30 días. Los medios de comunicación provinciales destacaron constantemente los supuestos destrozos en las instalaciones del rectorado, que el juez mismo negó públicamente: “El informe preliminar de Gendarmería encuentra las instalaciones en buen estado, incluso de limpieza. No hay muebles rotos, excepto un vidrio que habría sido dañado por una agresión externa”.
La fiscal Graciela López de Filoñuk, de la justicia federal de Córdoba, imputó a 28 estudiantes y una docente por el delito de usurpación, que prevé hasta 3 años de cárcel. El Juez Vaca Narvaja citó para el día 16 de octubre a 11 de los imputados.
De inusitada gravedad resultaron las declaraciones de un alto funcionario de la UNC, el Ing. Marcelo Conrero, quien señaló su apoyo a la imputación de la fiscal y su plena “disposición a colaborar”. No contento con esto, consideró que los estudiantes son pasibles de sanciones que pueden ir hasta la expulsión. Declaró también que medidas disciplinarias aún más graves deben ser aplicadas a los docentes rebeldes. Como si esto fuera poco, agregó que se debe modificar la reglamentación para que “esto no vuelva a suceder”, buscando eliminar las instancias probatorias. Sus declaraciones no sólo escamotean la defensa de la autonomía universitaria sino que su amenaza de aplicar las más duras sanciones a quienes ejercen el “derecho sagrado a la insurrección”, según proclama el centenario Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria, que estas mismas autoridades han homenajeado y celebrado con decenas de eventos este año.
La Asamblea Intercafultades de la UNC convoca a una concentración en apoyo a los imputados el día martes 16 a las 8.30 horas en las puertas del Juzgado Federal N° 3, Av. Concepción Arenales 698. Zona Ciudad Universitaria, camino a Ciudad de las Artes.
Desde la Red de Observatorios de Conflictividad Social queremos expresar nuestro enérgico repudio a las medidas iniciadas hacia estudiantes y docentes de las Universidades Nacionales de Río Negro y de Córdoba, y solidarizarnos con los afectados por la persecución y criminalización de la protesta que la Justicia Federal ha iniciado en ambos casos.
Llamamos también a la sociedad a acompañar las medidas en defensa de los imputados, así como a la continuación de la lucha por una universidad pública, gratuita, laica y de calidad frente a la embestida del gobierno nacional y sus cómplices contra los derechos a la educación, a la protesta y a la libre expresión.
Compartimos las solicitudes públicas de apoyo. Los invitamos a firmar, difundir y acompañar.
UNRN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelHb6aeb51wg0YJrXcGtDWV3labLKmUglt79mBECEsMdAlFQ/viewform
UNC: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLMcW9LcvF52o9gr-BzNtSwVD7nul__jAu1GdkMoJBFERC_A/viewform
Más información:
https://lmdiario.com.ar/noticia/104188/imputaron-a-29-personas-por-la-toma-del-pabellon-argentina
http://protestanoesdelito.blogspot.com/
https://www.rionegro.com.ar/roca/toma-unrn-el-juzgado-federal-cito-a-trabajadores-AJ5784031